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Resumen
La presente investigación analiza la prueba de descargo como expresión del debido proceso en el sistema penal ecuatoriano, centrándose en el cumplimiento del deber de objetividad fiscal. A través de un enfoque cualitativo y dogmático-jurídico, se examinan las tensiones entre el mandato normativo y la práctica judicial en torno a la incorporación y valoración de pruebas que favorecen al procesado. Los resultados evidencian una brecha significativa entre la teoría y la realidad: aunque el Código Orgánico Integral Penal impone al fiscal la obligación de reunir elementos tanto de cargo como de descargo, en la práctica prevalece una actuación predominantemente acusatoria que debilita la presunción de inocencia y la igualdad de armas. Se concluye que la falta de objetividad fiscal vulnera los derechos fundamentales del procesado y convierte al proceso penal en un mecanismo punitivo antes que en una herramienta de justicia. El estudio propone la necesidad de fortalecer la formación ética y jurídica de los fiscales, consolidar mecanismos de control institucional y revalorizar la prueba de descargo como garantía esencial del debido proceso.
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